Toluca, Méx.- La corrupción en ministerios públicos, impunidad en la investigación de los delitos y la inseguridad, feminicidios, secuestros, extorsión, trata de personas, violación y violencia de género son algunos de los principales puntos en los que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha quedado a deber a la ciudadanía.
Durante la comparecencia de Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Gerardo Ulloa Pérez (Morena) invitó al fiscal a ponerse en el lugar de quienes reclaman justicia, a revindicar su gestión para ofrecer buenos resultados y a compartir cuál es su compromiso para acabar con la corrupción.
María del Carmen de la Rosa Mendoza (Morena) lamentó la inseguridad en la entidad para las mujeres, con primeros lugares en feminicidios y transfeminicidios, por lo que preguntó sobre el número de carpetas judicializadas, la corrupción y atención en los ministerios públicos.
Del PRI, Mario Santana Carbajal y la legisladora Evelyn Osornio Jiménez preguntaron por los mecanismos que permitieron disminuir los delitos de alto impacto, por los medios alternativos de denuncia implementados durante la contingencia sanitaria, así como por la manera en la que se ha garantizado la capacitación al personal de la institución.
Francisco Brian Rojas Cano y Alonso Adrián Juárez Jiménez, del PAN, coincidieron en que 60 % de los delitos no se denuncia por falta de confianza en la procuración de justicia y 96 % de los delitos denunciados no son castigados con sentencias condenatorias.
El coordinador del PRD, Omar Ortega Álvarez, reprochó que la entidad sea de las más inseguras del país, principalmente en materia de feminicidios, secuestros, extorsión, trata de personas, violación y violencia de género, y solicitó datos sobre la atención a familiares de las víctimas, los resultados y sentencias de las carpetas de investigación.
Del PT, Trinidad Franco Arpero requirió datos sobre lo implementado para reducir los feminicidios y el robo a transporte público y de carga.
La coordinadora del PVEM, María Luisa Mendoza Mondragón, lamentó los señalamientos de Amnistía Internacional, cuestionó los resultados de la institución y el número de feminicidas detenidos, y solicitó ampliar la atención en Agencias Especializadas en Violencia Familiar, Sexual y de Género.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Martín Zepeda Hernández, subrayó que la impunidad, la inseguridad y la corrupción son tres de los problemas que más laceran a la sociedad, por lo que solicitó información del avance en los trabajos de combate a la corrupción y las razones de la dilación en las investigaciones.
Mientras que Juana Bonilla Jaime afirmó que la entidad es el estado más inseguro para las mujeres, reprochó que 19 municipios han estado en el ranking nacional por feminicidios y desapariciones.
De Nueva Alianza, Rigoberto Vargas Cervantes compartió que la ciudadanía percibe a los ministerios públicos como corruptos pues sus investigaciones no avanzan sin dinero de por medio, por lo que cuestionó el combate a la corrupción pues hay pocos servidores públicos sancionados; mientras que su compañera, la diputada Mónica Miriam Granillo Velasco, también refirió los señalamientos de Amnistía Internacional y cuestionó por qué se violentan los derechos humanos.
El fiscal general Alejandro Jaime Gómez refirió que por las dimensiones y cantidad de población la entidad tiene el mayor número de feminicidios en el país, pero que se han empezado a contener, comparados con el año anterior (dos casos menos), que disminuyeron en 21% los homicidios dolosos contra mujeres y que se iniciaron 110 carpetas de investigación por feminicidio (69 carpetas judicializadas), además de condenas para 49 personas.
